Cuando el gobierno de Morales tome posesión el 22 de enero, se enfrentará a una problemática monumental, si en realidad busca sacar al país de la crisis de gobernabilidad que está viviendo. Deberá reparar el daño que han ocasionado a la autoridad legítima del Estado los últimos años de tumultos; deberá reconstruir las relaciones entre el poder ejecutivo y el congreso, extender la labor destinada a mejorar el gobierno a nivel municipal y local, además de dar inicio a un proyecto, que hace mucho ya que urge, para promover la transparencia en el gobierno y luchar contra la corrupción. En el aspecto económico, el gobierno nuevo deberá aplicar estrategias que fomenten el crecimiento económico sostenido y generen empleos que permitan a los bolivianos salir de la pobreza. Se necesita trabajo urgente en los campos de la salud, educación, vivienda e infraestructura. Para ello se requiere de inversión, pública y privada, nacional y extranjera, y un reto clave será el de estimular un clima propicio para tales inversiones. Lo más importante es comprender que las necesidades sociales y económicas no se podrán satisfacer sin antes mejorar la gobernabilidad, es decir, la capacidad del Estado de ejercer con eficacia su autoridad legítima, democrática, en aras del bien común.